Felipe Norambuena y Milton Contreras compartieron con estudiantes de quinto año y de la Clínica de Trabajo Social su experiencia como peritos sociales en un caso relacionado con extrabajadores de la Empresa Nacional de Puertos del Perú (ENAPU), profundizando en el aporte disciplinar del Trabajo Social en contextos de vulneraciones de derechos humanos.
En el marco de la asignatura Trabajo Social con Perspectiva de Derechos Humanos, a cargo de la académica del Departamento de Trabajo Social Dra. Cecilia Bustos Ibarra, estudiantes de quinto año de Trabajo Social de la Universidad de Concepción participaron en una clase junto a los trabajadores sociales Felipe Norambuena Conejeros y Milton Contreras Sáez, quienes compartieron su experiencia como peritos sociales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La instancia contó también con la participación de estudiantes que realizan su Práctica Profesional en la Clínica de Trabajo Social, bajo la supervisión de la profesora Karen Zamora, y permitió aproximarse al funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde una experiencia concreta de ejercicio profesional.
Durante la jornada, los invitados presentaron el trabajo desarrollado en el caso Bravo Garvich y otros vs. Perú, relacionado con trabajadores cesados de la Empresa Nacional de Puertos del Perú (ENAPU). Norambuena y Contreras participaron como peritos sociales en la evaluación de las consecuencias que estas vulneraciones produjeron en las trayectorias de vida de las personas afectadas. El proceso contempló la elaboración de los peritajes durante 2025, mientras que la sentencia fue emitida el 21 de abril de 2026 y su notificación pública se realizó el 15 de julio del mismo año.
El aporte del Trabajo Social al peritaje en derechos humanos
Uno de los ejes centrales de la actividad fue conocer las herramientas conceptuales y metodológicas que puede aportar el Trabajo Social en procesos judiciales vinculados a vulneraciones de derechos humanos.
Los profesionales explicaron que el peritaje desarrollado tuvo un enfoque cualitativo, histórico y biográfico, considerando entrevistas individuales, revisión documental, cuaderno de campo, genogramas, mapas de redes y triangulación de distintas fuentes de información. Además, el análisis incorporó perspectivas psicosociales y de derechos humanos, junto con enfoques de género, cuidados, interseccionalidad y curso de vida.
Para Felipe Norambuena, uno de los principales aportes del Trabajo Social en este ámbito consiste en incorporar dimensiones que permiten comprender las consecuencias de una vulneración más allá de su expresión jurídica.
“El principal aporte es reconstruir la dimensión humana y social de la vulneración de los derechos humanos. Muchas veces, detrás de una decisión estatal o de una vulneración jurídica, existen historias de vida que van transformando a las familias, procesos de reorganización y proyectos de vida que se interrumpen”, explicó.
Desde esta perspectiva, el peritaje social permite situar las vulneraciones en contextos y trayectorias concretas, identificando los quiebres que pueden producir en ámbitos como la salud, la educación, las relaciones familiares, las redes comunitarias y las posibilidades de desarrollo de las personas. Norambuena destacó, además, que sus consecuencias pueden trascender a quienes experimentaron directamente los hechos y alcanzar también a sus familias y proyectos de vida compartidos.
“Nuestra contribución consiste principalmente en transformar esas experiencias y trayectorias de vida en evidencia social rigurosa para una toma de decisiones judicial que sea acorde al caso y al daño que se presentó”, sostuvo.
Aprendizajes y desafíos para el ejercicio profesional
Desde su experiencia en el proceso, Milton Contreras destacó que el peritaje permitió articular conocimientos construidos desde distintos ámbitos del Trabajo Social, entre ellos la investigación, la docencia, la vinculación con el medio y la experiencia previa en peritajes sociales de carácter penal y familiar.
A ello se sumó el desafío de trabajar con normativas jurídicas de otro país y reconstruir antecedentes históricos y sociales de Perú desde 1996 hasta la actualidad, con el propósito de comprender de manera contextualizada las vulneraciones y sus efectos en los casos analizados.
Contreras también relevó la trayectoria del Trabajo Social en el campo sociojurídico y forense y las posibilidades que este ámbito representa para el ejercicio profesional. De acuerdo con los estudios mencionados por el expositor, una proporción importante de los peritajes desarrollados en Chile corresponde al ámbito social, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de continuar fortaleciendo esta área desde la formación universitaria y la producción disciplinar.
“No solamente se torna una gran oportunidad en el campo laboral y profesional, sino que también nos desafía, desde el Trabajo Social, a generar conocimiento situado, formar desde el pregrado y el posgrado, y crear instrumentos propios de la disciplina para que los informes sociales periciales sean cada vez más robustos, pertinentes y tengan una mayor característica científica”, afirmó.
Para el profesional, este fortalecimiento resulta especialmente relevante ante las exigencias que plantean tanto los tribunales nacionales como internacionales, donde la rigurosidad metodológica y la fundamentación de los informes constituyen elementos centrales para el aporte del Trabajo Social.
Derechos humanos y acceso a la justicia
Durante la exposición también se revisaron los derechos cuya vulneración fue establecida por la Corte Interamericana en el caso, vinculados con las garantías judiciales, la protección judicial, el derecho al trabajo y la integridad personal, junto con las afectaciones producidas en los proyectos de vida de las personas involucradas.
Para Andrea Agüero, estudiante de quinto año que realiza su Práctica Profesional en la Clínica de Trabajo Social, uno de los aspectos más significativos de la actividad fue conocer el rigor metodológico y teórico involucrado en la elaboración de un informe social pericial.
La estudiante destacó que la experiencia permitió reconocer la importancia de reconstruir las trayectorias de vida, comprender los contextos en los que se desarrollan las personas e identificar cómo determinadas circunstancias pueden modificar sus proyectos de vida.
Asimismo, valoró que la formación de pregrado incorpore experiencias profesionales vinculadas directamente con organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
“Es fundamental aproximarnos a estas experiencias profesionales, porque permiten visibilizar cómo, desde la labor del Trabajo Social, se puede abogar por la protección, reconocimiento y defensa de los derechos humanos de personas cuya dignidad e integridad se vean afectadas”, señaló.
Agüero agregó que este tipo de instancias también plantea el desafío de mantener una formación permanente en materias relacionadas con el derecho internacional y los principios que resguardan los derechos fundamentales, fortaleciendo la comprensión del Trabajo Social como una profesión comprometida con la garantía y defensa de derechos.
