La jornada reunió perspectivas académicas, del ámbito de la salud y de la comunidad organizada para reflexionar sobre las brechas que enfrentan las diversidades sexogenéricas en el ejercicio de sus derechos y sobre las responsabilidades que asumen las y los profesionales en los procesos de intervención social.
El Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Concepción realizó el lunes 19 de octubre el seminario “Derechos, salud y memoria LGBTIAQNB+ en Chile: desafíos actuales para la intervención social”, encuentro desarrollado en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales que propició una reflexión en torno a derechos humanos, salud pública y experiencias de intervención vinculadas a las diversidades sexogenéricas. La iniciativa se enmarcó en la práctica profesional de la estudiante de quinto año Constanza Ortega Solís, desarrollada en articulación con el Servicio de Salud Talcahuano.
La actividad contó con la participación de la Dra. Cecilia Bustos Ibarra, académica del Departamento de Trabajo Social UdeC; Ale Riquelme Hermosilla, trabajadore social UdeC e integrante de la dupla PAIG del Hospital Las Higueras de Talcahuano; y Gabriela Ahumada C., activista de derechos humanos, consejera y gestora de grupos de apoyo a familias diversas.
Derechos humanos y responsabilidad profesional
La primera exposición estuvo a cargo de Cecilia Bustos Ibarra, quien abordó la relación entre derechos humanos y Trabajo Social, poniendo énfasis en las obligaciones del Estado y en la responsabilidad ética que adquieren las y los profesionales cuando ejercen funciones vinculadas a instituciones públicas.
La académica planteó que una perspectiva de derechos humanos no puede limitarse únicamente al conocimiento de leyes, tratados y convenciones, sino que también debe entenderse como un marco ético de convivencia sustentado en la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación. Asimismo, destacó la necesidad de reconocer que las desigualdades que afectan a determinados grupos no radican en las personas o colectivos, sino en condiciones estructurales y en las respuestas que entregan las instituciones.
En este contexto, Bustos señaló que “desde el Trabajo Social, nosotros estamos ejerciendo en gran parte de nuestras acciones la función pública y, por lo tanto, también tenemos que ser garantes de derecho”.
Junto con revisar avances normativos en materia de igualdad y reconocimiento de la orientación sexual e identidad de género, la académica distinguió entre la existencia de garantías formales y su cumplimiento efectivo. En esa línea, advirtió que la normativa constituye un avance relevante, pero que aún persisten brechas en ámbitos como salud, educación, trabajo y otros derechos sociales.
La exposición también puso el foco en la formación de quienes intervienen directamente con la ciudadanía. Bustos sostuvo que las y los profesionales de la salud y de otras áreas requieren herramientas para trabajar con pertinencia y enfoque de derechos, ya que incluso el desconocimiento, sin que exista necesariamente una intención explícita de discrimina, puede traducirse en vulneraciones.
“Necesitamos evitar y prevenir realmente que los profesionales tengan respuestas por desconocimiento”, planteó, relevando la necesidad de fortalecer la formación antes de que las y los profesionales lleguen al ejercicio laboral. Documento sin título
El acompañamiento desde el sistema de salud
Desde la experiencia de intervención en salud, Ale Riquelme Hermosilla presentó el trabajo desarrollado junto a niñeces, adolescencias y sus familias, mostrando cómo el acompañamiento requiere integrar dimensiones individuales, familiares, educacionales, sociales y jurídicas.
Riquelme explicó que parte del trabajo consiste en entregar información sobre derechos, fortalecer las redes de apoyo, acompañar a las familias frente a situaciones de crisis y favorecer espacios familiares seguros y afirmativos. También destacó la importancia de escuchar a niños, niñas y adolescentes y reconocer su derecho a participar de los procesos que les involucran.
En su presentación, compartió experiencias de intervención que evidenciaron la relevancia de trabajar no solamente con la persona usuaria, sino también con su entorno. En estos procesos, explicó, puede ser necesario articular acciones con establecimientos educacionales, redes sanitarias y otras instituciones, además de orientar a las familias respecto de procedimientos asociados al reconocimiento de la identidad y al ejercicio de derechos.
Para Riquelme, el cumplimiento de los procedimientos, la entrega oportuna de documentación y la comunicación con las familias no constituyen únicamente tareas administrativas, sino que forman parte de la responsabilidad profesional. “Hay una parte de nuestro rol profesional, por supuesto, pero también ético, muy ético”, destacó durante su intervención.
Asimismo, relevó el impacto que pueden tener los espacios de encuentro entre familias, particularmente porque permiten compartir experiencias, construir redes y reducir la sensación de estar enfrentando estos procesos en soledad.
De la experiencia individual a la organización colectiva
La tercera intervención estuvo a cargo de Gabriela Ahumada C., quien presentó los desafíos y brechas en el ejercicio de derechos desde la perspectiva de la comunidad organizada. Su exposición vinculó su experiencia personal y familiar con una trayectoria de activismo, acompañamiento a otras familias e incidencia en materias relacionadas con personas trans y de género diverso.
Ahumada destacó que su propia experiencia la llevó a reconocer el valor de la organización colectiva frente a dificultades que inicialmente podían ser percibidas como individuales. De esta manera, sostuvo que la participación comunitaria permite identificar problemas comunes, generar redes de apoyo e impulsar transformaciones que trascienden a una familia en particular.
Esta mirada se expresó especialmente en su reflexión sobre salud. Para la activista, esta no puede reducirse a la entrega de una prestación médica, sino que debe comprenderse desde una noción integral de cuidado..
En su recorrido, Ahumada identificó además diferencias territoriales y dificultades para acceder de manera equitativa a prestaciones y profesionales preparados. Desde su experiencia en organizaciones, señaló que “uno de los problemas no radica exclusivamente en que las familias desconozcan cómo ingresar al sistema, sino también en que este no siempre asegura efectivamente el ejercicio de los derechos”.
En este sentido, la activista destacó que el territorio también constituye una variable relevante, pues las posibilidades de acceso a acompañamiento, prestaciones y redes varían entre comunas y regiones. Al mismo tiempo, relevó el papel de las propias comunidades en la construcción de apoyos y en la generación de incidencia para impulsar respuestas institucionales.
Formación, diálogo y desafíos para la intervención
El seminario concluyó con una mesa redonda moderada por la estudiante Constanza Ortega, en la que las y los asistentes pudieron plantear preguntas a quienes expusieron.
Entre las materias discutidas estuvo la necesidad de avanzar en una formación profesional que incorpore de manera más sistemática los derechos humanos, el género y las diversidades. En este contexto, Cecilia Bustos planteó como un desafío para Trabajo Social avanzar hacia una presencia más temprana y obligatoria de la formación en derechos humanos dentro del pregrado, reflexión que extendió también hacia otros espacios universitarios.
