La actividad, organizada por la Clínica de Trabajo Social UdeC y el Departamento de Trabajo Social, contó con la participación de profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, quienes expusieron materias de interdicción y responsabilidad penal adolescente desde su experiencia en el ámbito jurídico.
En el marco de la conmemoración de los 70 años de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, este miércoles 14 de octubre se desarrolló el seminario “Herramientas Jurídicas para la Intervención en Trabajo Social”, instancia orientada a fortalecer la formación de estudiantes de cuarto y quinto año a través de conocimientos jurídicos aplicables a distintos escenarios de intervención profesional.
La actividad fue organizada por la Clínica de Trabajo Social UdeC, el Departamento de Trabajo Social y la Facultad de Ciencias Sociales, en colaboración con la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío. Asimismo, se desarrolló como parte del proyecto “Clínica Trabajo Social UdeC: fortaleciendo la formación práctica y el apoyo integral a la comunidad”, correspondiente a la iniciativa Fondo Concursable VRIMFI 2686.
El seminario buscó aportar herramientas para situaciones en las que las y los profesionales deben reconocer derechos, identificar alternativas de orientación y derivación, y comprender procedimientos judiciales que inciden directamente en la vida de personas y familias. Para ello, la jornada se concentró en dos ámbitos: interdicción y responsabilidad penal adolescente, promoviendo además la reflexión sobre la coordinación interdisciplinaria entre el Trabajo Social y el campo jurídico.
Interdicción y orientación a personas y familias
La primera exposición estuvo a cargo de Francisco Herrera Jeréz, abogado jefe subrogante del Área Civil Concepción de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, quien profundizó en los procedimientos asociados a la interdicción y en aquellos antecedentes que pueden resultar relevantes al momento de orientar a personas en situación de discapacidad y sus familias.
Durante su presentación, Herrera explicó las diferencias existentes entre los procedimientos actualmente utilizados y destacó la importancia de evaluar cada situación de acuerdo con las necesidades concretas de la persona que solicita orientación, considerando factores como la urgencia del caso, la existencia de antecedentes médicos y la necesidad de resguardar la administración de sus bienes mientras se tramita judicialmente la declaración correspondiente.
“Es importante establecer siempre la necesidad de la persona: qué es lo que necesita, si es algo urgente o si podemos esperar”, señaló Herrera.
El profesional explicó además que la interdicción corresponde a una determinación judicial y que su tramitación puede generar mecanismos destinados a proteger a la persona y su patrimonio. En este contexto, abordó también el papel que pueden desempeñar instituciones como la Corporación de Asistencia Judicial en la orientación y acompañamiento de quienes requieren iniciar estos procedimientos.
Responsabilidad penal adolescente e intervención interdisciplinaria
La segunda exposición estuvo a cargo de Gonzalo Arriagada Bahamondes, abogado Penal Infraccional de la Corporación de Asistencia Judicial, quien presentó aspectos centrales del sistema de responsabilidad penal adolescente y los desafíos que plantea para la intervención profesional con jóvenes en contextos de vulnerabilidad.
Arriagada explicó que este sistema contempla un tratamiento diferenciado respecto de la justicia penal adulta, con procedimientos, defensas especializadas y un catálogo de sanciones que considera distintos niveles de restricción e intervención. Asimismo, relevó que el propósito del sistema no se limita a imponer una sanción, sino que incorpora medidas orientadas a favorecer procesos de reinserción y evitar la reiteración de conductas delictivas.
Durante su exposición también se refirió a la necesidad de resguardar los derechos de adolescentes durante las distintas etapas del proceso penal, incluyendo condiciones diferenciadas durante la detención y la separación respecto de personas adultas.
Hacia el cierre de su presentación, Arriagada profundizó en las posibilidades concretas de participación del Trabajo Social dentro del ámbito sociojurídico, particularmente a través de la elaboración de informes y peritajes y del trabajo coordinado con abogados y profesionales de otras áreas.
“La posibilidad de generar un informe pericial es totalmente real, viable y útil para la ejecución de las distintas funciones que se realizan como abogados, ya sea en la defensoría, fiscalía o en centros de reinserción social”, destacó.
La jornada finalizó con un espacio de preguntas y diálogo entre las y los asistentes y los profesionales invitados, profundizando en situaciones que pueden presentarse en el ejercicio profesional y en las posibilidades de articulación entre ambas disciplinas.
