Artículo redactado por los académicos Jorge Vergara (Universidad de Concepción) y Hans Gundermann (Universidad Católica del Norte), investigadores del proyecto Fondecyt N°1141077 “Estado y violencia hacia los pueblos aymara, atacameño y mapuche (1883-1990)”.
El conflicto en la Araucanía ha sido uno de los temas más debatidos y polémicos en las últimas décadas en la sociedad chilena, la cual ha generado interpretaciones contrapuestas. Cuando hablamos de “conflicto”, debemos entenderlo como una relación conflictiva que compromete a los mapuches, empresas y agricultores y el Estado chileno y, en última instancia, a nuestra sociedad en su conjunto. Cuya comprensión es necesaria para arribar a una solución satisfactoria, realizada mediante canales de diálogo y negociación, entre todas las partes.
Como primera aproximación, podemos expresar que este conflicto afecta, en formas y grados diversos, no únicamente a la región de la Araucanía; sino a todo el antiguo territorio mapuche. Estamos, pues, ante una demanda global que se concibe emanada de un pueblo-nación. En efecto, la relativamente escasa vinculación política entre distintos sectores mapuches se ha compensado en los últimos años con el surgimiento de identidades territoriales y etno-nacionales, superando así la atomización producida por la creación de las reducciones o títulos de merced (1884-1929).
En segundo lugar, el origen último de los conflictos es consecuencia de la ocupación chilena de la Araucanía, su posterior colonización con europeos y chilenos y el inmenso despojo “legal” (estatal) que significó para los mapuches, que fueron reducidos a una porción ínfima del territorio anteriormente ocupado por ellos. Posteriormente, la propiedad reconocida a través de los entrega de títulos de merced, -500 mil hectáreas aproximadamente-, fue objeto de un nuevo proceso de expoliación; lo que llevó a que hacia 1970 un quinto del total hubiese pasado a manos de no-mapuches. En lo fundamental, la política estatal apuntó a la división de la propiedad colectiva mapuche y su transformación en títulos individuales, proceso consumado durante la dictadura militar de Pinochet.
En tercer término, la violencia se hizo presente desde el inicio de la conquista de la Araucanía y se mantuvo con posterioridad a esta; pero, no solo de parte de agentes del Estado; también, por parte de colonos y compañías de colonización, incluso en el seno de las escuelas misionales y chilenas. La violencia no es pues un fenómeno del presente, ni han sido los mapuches sus autores principales, ni menos exclusivos, sino fundamentalmente las víctimas. Sin embargo, el aspecto fundamental es otro: la principal demanda mapuche de la actualidad – y que incorpora todas las demás – es la autodeterminación como pueblo-nación, como lo han señalado Aucán Huilcamán, la Coordinadora Arauco-Malleco y otras organizaciones y líderes mapuches. La gran pregunta, entonces, es en qué medida el Estado chileno está dispuesto a instaurar un diálogo con el mundo mapuche en torno a esta exigencia y cuáles podrían ser las vías posibles de arreglo (autonomía, plurinacionalidad, descentralización regional, etc.). Hasta ahora hemos asistido a una política indígena errática y a un tratamiento represivo y judicializado de los casos más álgidos de conflicto. Cabe esperar un cambio que permita precisamente dicho diálogo, la institucionalización del conflicto y el fin de la violencia en la Araucanía.
Fotografía CC: Erwin Horment
