Artículo redactado por el Dr. Jorge Vergara, profesor de la carrera de Antropología de la Universidad de Concepción, y el historiador Héctor Mellado, investigadores del proyecto Fondecyt N°1141077 “Estado y violencia hacia los pueblos aymara, atacameño y mapuche (1883-1990)”.
Desde inicios del siglo XVII, la Corona española y los mapuche fueron realizando parlamentos de paz, llegándose a fines de la centuria siguiente al reconocimiento de la independencia territorial y política del Wallmapu o país mapuche. Dichos acuerdos fueron ratificados por el gobierno republicano de Chile en el Parlamento de Tapihue de 1825.
La situación anterior tocó a su fin a inicios de la década de 1860. Finalizada la guerra civil de 1859 – en la que la mayor parte de las agrupaciones o lof mapuche apoyaron al bando federalista derrotado -, el Estado chileno decidió emprender un plan de ocupación de la Araucanía. Dicho plan fue elaborado por el Coronel Cornelio Saavedra, Intendente y Comandante de Armas de la Provincia de Arauco. En lo fundamental, este contemplaba el avance de la línea de Frontera hasta el río Malleco, por vía de la construcción de fuertes y el emplazamiento de población chilena entre el Bío-Bío y el Malleco.
Se ha dicho de Saavedra que cometió la mayor matanza del pueblo mapuche y muchos mapuche y no-mapuche simpatizantes de su causa comparten esta opinión. La indagación histórica revela que no fue así. Quienes realizaron los mayores atropellos violentos en contra de los mapuche durante el proceso de conquista de su territorio fueron los continuadores de Saavedra en el mando del ejército invasor: los generales José Manuel Pinto y Gregorio Urrutia, respectivamente.
Las campañas de Saavedra, quien encabezó el ejército de ocupación desde 1862 hasta 1870, combinaron diversas tácticas políticas y militares. Deben destacarse sobre todo los parlamentos realizados con los nagche o abajinos; habitantes de las tierras de Angol, Renaico, Negrete y Los Sauces; y con la mayor parte de las comunidades lafkenche o costinas. De todas ellas obtuvo la autorización para la fundación de fuertes, ofreciéndoles la protección contra otros grupos mapuche y bandas criminales de chilenos, al mismo tiempo que buscaba terminar con la especulación en las compras de tierras por parte de no-mapuche. Para Saavedra, el territorio de la Araucanía debía ser controlado y administrado por el Estado chileno. Por todo lo anterior puede decirse que la suya fue una visión compleja, no meramente militar, de la conquista de Arauco, a diferencia de Pinto y Urrutia, que recurrieron a tácticas principalmente bélicas de cualquier tipo con tal de vencer la resistencia mapuche.
Esto no quiere decir en modo alguno que la acción de Saavedra fuese beneficiosa para el pueblo mapuche. Al finalizar su período como Comandante en Jefe de la Frontera, el ejército chileno había avanzado hasta la línea del río Malleco, aproximadamente un 30% del total del territorio de la Araucanía. Asimismo, la promesa de protección hacia los denominados “indios aliados” fue siempre un engaño. Como señala el Presidente José Joaquín Pérez al General De la Cruz en carta del 19 de noviembre de 1862, en los inicios de la invasión: “a los caciques que me vieron en Santiago les aseguré que ya no teníamos necesidad de sus tierras, supuesto que, como ellos lo sabían, estábamos obsequiando las que poseemos en Valdivia a los alemanes y demás extranjeros que las pedían para beneficiarlas”. Los lonko amigos pudieron constatar esto ya a fines del proceso, cuando sus tierras comenzaron a ser rematadas, en contra de lo acordado con el gobierno chileno. Esto explica que, en la última rebelión contra los chilenos, en 1881, el papel principal lo hayan tenido los nagche, antiguos aliados de la República junto a los wenteche.
De ese momento final ha quedado la imagen de la ocupación de la Araucanía como una gesta fundamentalmente militar, impidiendo reconocer las complejas tácticas y medios políticos y bélicos (como también económicos y tecnológicos) que permitieron llevarla a cabo. Respecto de ellas, Cornelio Saavedra fue, sin duda, un actor principal, pero no un genocida, como se ha creído y afirmado erróneamente, sino más bien quién sentó las bases para la futura invasión que otros altos oficiales consumarían a principios de 1883 con la refundación de Villarrica. Solo apreciando la complejidad de dichos procesos podemos comprender la complejidad del presente y superar sus limitaciones. Al respecto, la política de parlamentos, considerando las obvias diferencias históricas, constituye una referencia ineludible para pensar e implementar una salida al agudo conflicto actual.
Fotografía: Memoria Chilena
