La nueva política de educación superior del Gobierno

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Dr. Jorge Rojas Hernández

Decano Facultad de Ciencias Sociales

En entrevista al diario La Tercera (20 de junio 2010), Juan José Ugarte, Jefe de Educación Superior del MINEDUC, dio a conocer la nueva política de educación superior del Gobierno. La reforma anuncia: crear una nueva institucionalidad universitaria; una nueva política de financiamiento; un nuevo sistema de créditos y becas; un nuevo sistema de apoyo al postgrado y una política relacionada con las pérdidas patrimoniales producto del terremoto.

Estos esbozos de política universitaria han sido fuertemente criticados por las universidades miembros del Consejo de Rectores, CRUCH, debido a su carácter inconsulto y restrictivo de sus orientaciones.

En todo caso, estos anuncios son portadores esenciales de la política del actual Gobierno. Sus planteamientos, apoyados parcialmente en el Informe de la OCDE, constituyen una amenaza para las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) que han surgido históricamente y se definen, en su visión, misión y objetivos, como universidades con vocación pública. El compromiso y la vocación de servicio público lo han demostrado formando profesionales de calidad, comprometidos con el desarrollo del país, de las regiones, de la sociedad y las instituciones; fomentando la investigación, el desarrollo científico y tecnológico y la cultura y, al mismo tiempo, prescindiendo de todo tipo de lucro en sus múltiples actividades.

En este sentido, el desempeño histórico de las universidades del Consejo de Rectores se ha orientado por “indicadores de bienes públicos en función de un proyecto de país”, como quisiera el Sr. Ugarte que se definieran en el futuro la asignación de recursos públicos a las universidades. En efecto, la búsqueda del bien común, del desarrollo de las regiones y del país, corresponde a un denominador común de las universidades estatales y privadas tradicionales, pertenecientes al Consejo de Rectores. No hay diferencias entre ambos tipos de universidades. Para ello habría que considerar los relevantes aportes que nuestras universidades hacen a sus respectivas regiones y los beneficios que ofrecen a sus estudiantes, muchos de ellos provenientes de familias de escasos recursos. Por lo tanto, no resulta exagerado sostener que nuestra universidades producen básicamente “bienes públicos”.

Para aportar a la sociedad del conocimiento es fundamental investigar, innovar en los procesos de formación profesional y formar nuevos investigadores. La investigación, apoyada por instituciones públicas como CONICYT, se concentra básicamente en las universidades del Consejo de Rectores. Una formación profesional de excelencia requiere de inputs provenientes de la investigación y la innovación docente.

Este documento es una reflexión rápida, escrita al calor de la coyuntura. Se ocupa sólo de temas centrales planteados por el anuncio de la nueva política de educación superior del Gobierno. No analiza toda la complejidad del sistema universitario. Sólo busca llamar la atención sobre lo que se ha instalado en la discusión pública, especialmente la nueva institucionalidad y el nuevo sistema de financiamiento.

Nueva institucionalidad

Según Ugarte, “Nuestro sistema, fundado en instituciones del siglo XIX, no ha dado los pasos suficientes parea colocarse acorde a los nuevos tiempos del conocimiento”. Este juicio está claramente dedicado a las universidades tradicionales (estatales y tradicionales no estatales o de orientación publica). Las universidades privadas son de creación reciente.
En consecuencia, el Gobierno – a través del Sr. Ugarte – plantea crear dos nuevas entidades: una que agrupe a las 177 instituciones que imparten educación terciaria (institutos, centros de formación técnica y universidades). Y otra, que reúna a las 60 universidades existentes, 25 tradicionales y 35 privadas.
Objetivos de la nueva institucionalidad. El Gobierno busca cambiar la correlación de fuerzas (que en la actualidad le es negativa) en la discusión y decisión sobre políticas de educación superior. Ugarte sostiene “El Consejo de Rectores (CRUCH) integra a las tradicionales y siempre se ha negado a incorporar en sus filas a las privadas”. Aquí, lo central de la argumentación es la defensa de las universidades privadas. Por lo tanto, se busca desmontar el CRUCH. Cambiar la correlación de fuerzas, reemplazando el rol crítico del CRUCH – defensor de la educación superior pública -, por otras dos instituciones en las que los privados tendrían supremacía. Sostener que en “una agenda modernizadora de educación superior, el papel del CRUCH es central”, son sólo palabras de buena crianza y de distracción, afirmadas por alguien cuyo hábitat universitario es el CRUCH.
Sin duda, es necesario y urgente discutir y crear una nueva institucionalidad de educación superior. Pero este sistema debe estar claramente inspirado y orientado por el bien y servicio público, sobre todo tratándose del uso de recursos públicos. Y en este sentido, no resulta éticamente aceptable que instituciones que se orientan por objetivos de lucro reciban recursos del Estado, provenientes de los impuestos de todos los chilenos.
El CRUCH, compuesto por 25 universidades, representa lo mejor de la tradición universitaria del país. Creada por ley en 1954, agrupa a universidades públicas, sean éstas estatales o de origen privado, como la universidad de Concepción, las universidades católicas, la Austral o la Santa María, pero de clara orientación al interés y bien público. Estas universidades se corresponden con un concepto de institución formadora de profesionales con conciencia social, identificado con el ideal histórico de construir región, ciudad, país y comunidad.
Las universidades que investigan – la inmensa mayoría del Consejo de Rectores lo hace -, proporcionan al país nuevos conocimientos, haciendo de esta manera aportes al desarrollo económico, social político y cultural del país y sus regiones. Justamente, debido a que estas universidades producen bienes públicos es que requieren del Estado un trato preferencial. Requieren de un fuerte financiamiento público, el que retorna a la sociedad y al estado mediante el trabajo de los profesionales y los impuestos que pagan, una vez insertos en el mundo del trabajo. En la mayoría de los países desarrollados, miembros de la OCDE, estas universidades son completamente públicas en su financiamiento y gestión.
El CRUCH debe defenderse por lo que ha significado históricamente, como instancia de defensa del sistema de educación superior orientado al servicio público. Esta institucionalidad, sin embargo, deber ser reformada, adaptada al proceso de transformación que ha vivido el país y el mundo. El siglo XXI requiere de un nuevo sistema de educación superior. Chile también. Pero el nuevo sistema no surgirá del mercado ni de la privatización a ultranza de las universidades, como se puede desprender de las políticas anunciadas por el Gobierno.
La Conferencia Mundial sobre Educación Superior – 2009 de la UNESCO, junto con subrayar la importancia de la responsabilidad social de la educación superior, la calidad, la ampliación del acceso, la equidad y su internacionalización, sostiene:

“En su condición de bien público y de imperativo estratégico para todos los niveles de la enseñanza, y por ser el fundamento de la investigación, la innovación y la creatividad, la educación superior debe ser responsabilidad de todos los gobiernos y recibir un apoyo económico.

“En ningún otro momento de la historia ha sido más importante que ahora la inversión en los estudios superiores, por su condición de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento integradoras y diversas, y para fomentar la investigación, la innovación y la creatividad.

“La experiencia del decenio pasado demuestra que la educación superior y la investigación contribuyen a erradicar la pobreza, a fomentar el desarrollo sostenible y a adelantar en la consecución de los objetivos de desarrollo acordados en el plano internacional, entre otros los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de la Educación para Todos (EPT)” (UNESCO, Paris, 5-8 de julio 2009).

Nuevo sistema de financiamiento

El Sr. Ugarte anuncia, en lo esencial, que los recursos que otorgue el Gobierno sean mayoritariamente concursables y que participen todas las instituciones, incluidas, por cierto, las privadas.
La nueva política apunta a establecer, en consecuencias, convenios de desempeño: “Es una agenda que habrá que consensuar con la mesa de trabajo, pero la idea es que el financiamiento del Estado esté vinculado a convenios de desempeño, en los que cada institución tenga indicadores de bienes públicos en función de un proyecto de país”.
Objetivo de esta política: privatizar el financiamiento. Al nuevo Gobierno no le agrada que exista un aporte fiscal directo a las universidades del Consejo de Rectores. Considera que “no tiene ninguna objetividad” que el 95% del aporte directo se base en criterios “históricos”. Aquí la terminología “desempeño” no se ajusta a un concepto moderno de gestión que todos compartimos, sino que ser asimila rápidamente a lo privado que, por lo demás, no es garantía de eficiencia ni de calidad.
El Informe de la OCDE sobre La Educación Superior en Chile, sostiene. “Comparado con otros países de América Latina e incluso con naciones más industrializadas y desarrolladas, la educación terciaria en Chile se destaca por el bajo nivel de financiamiento público”…”el gasto público en la educación superior es notablemente bajo, incluyendo el financiamiento para investigación universitaria” (2009: 324). El Informe critica el hecho de que “los recursos presupuestarios (de las universidades) se complementen con contribuciones considerables de parte de los estudiantes y sus familias” (2009: 324). Consecuentemente recomienda, duplicar los aportes del Estado a la educación superior.

Los anuncios del Sr. Ugarte, no se refieres a las importantes críticas y recomendaciones del Informe de la OCDE, en el sentido por ejemplo de incrementar los aportes del Estado al financiamiento de la educación superior.

Una política de financiamiento que apunte solo a repartir los escasos recursos del Estado en un espectro más amplio de instituciones universitarias, incluyendo a las privadas, sólo contribuiría a incrementar pugnas y conflictos por dichos recursos, dejando de lado la calidad y el alto sentido publico que debe orientar la educación superior, como lo recomienda la OCDE y, como por lo demás, se practica en los países desarrollados, cuyos modelos inspiran el proyecto chileno de país.

Nuevo sistema de créditos y becas

La nueva política apunta a crear un sistema único de créditos y becas. Para superar los 11 tipos de becas existentes en el país – algunas de ellas exclusiva para alumnos/as de escasos recursos de planteles del CURCH, como la beca Bicentenario (la más numerosa en recursos y que cubre hasta $ 1,8 millón) -, el Gobierno pretende hacer una “reingeniería y lograr un sistema único de créditos y becas, donde los beneficios los reciban los alumnos, sin importar el lugar donde estudien”.
En el fondo, se trata de introducir un sistema de “subsidio portable”, una especie de voucher, que los alumnos/as pueden hacer valer en cualquier universidad, sin importar su naturaleza ni los fines que persigue. Se trataría de implementar un sistema de subsidio a la demanda privada, a la manera de “supermercado”, de carrier o tarjeta de crédito universitario.
Esta política complementa la anterior, de financiamiento, quitándole a las universidades del CRUCH becas exclusivas y, de esta manera, se busca, nuevamente desviar recursos del Estado hacia las universidades privadas.
La introducción de un tal sistema privatizador desatará una lucha sin cuartel por los escasos recursos públicos, con consecuencias nefastas para los jóvenes y las universidades con objetivos de servicio público. Se incrementarán considerablemente los gastos en marketing para “cazar” clientes universitarios, sin importar la calidad de la oferta.

En síntesis, las reformas que desea impulsar el Gobierno apuntan a ampliar las esferas del negocio universitario. No existe la voluntad de incrementar los recursos del Estado, como lo exige la OCDE, sino de completar la privatización del sistema universitario (impulsado por el régimen militar), poniendo a disposición de las universidades privadas – que lucran – nuevos recursos públicos.

Como complemento a esta nueva política, el Gobierno ha comunicado oficialmente al Consejo de Rectores que no habrá recursos extra para financiar reparaciones al patrimonio de las universidades, afectadas por el terremoto y tsunami del 27 de febrero. Los daños alcanzarían a cerca de US$ 120 millones, siendo la universidad de Concepción la más afectada. Incluso los desastres naturales son asuntos privados.

Estas nuevas políticas no sirven para desarrollar las regiones ni el país. En verdad no se inspiran en un proyecto de país. Tampoco sirven para que el país avance realmente hacia una sociedad basada en el conocimiento y de un salto cualitativo hacia el desarrollo. Se trata simplemente de una jugada de poder y de favorecer los negocios universitarios privados. Y por lo tanto, debemos oponernos a su implementación con fuerza, unidad y planteamientos alternativos. Con la defensa cerrada del CRUCH y de nuestra universidad, creada hace 91 años para servir a la comunidad.

Concepción, 8 de Julio 2010