El conversatorio examinó cómo los cambios propuestos en la composición del Consejo, las atribuciones judiciales y los recursos del Instituto podrían afectar su labor. Dos casos ambientales de Biobío y Ñuble mostraron cómo interviene el organismo en conflictos que afectan a comunidades.
¿Qué capacidad tendría el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para actuar en regiones si se reducen sus recursos y se restringen sus atribuciones judiciales? Esa pregunta articuló el conversatorio “Institucionalidad de Derechos Humanos y Democracia”, realizado ayer jueves 12 de noviembre en el Auditorio Manuel Sanhueza Cruz de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.
El encuentro fue organizado por el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Democracia de la UdeC (GIIDHD-UdeC), con el patrocinio de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias Sociales.
Tras una exposición de la académica Ximena Gauché Marchetti, el panel reunió a Carolina Chang, jefa de la sede regional del INDH Biobío, a Valentín Alonso Lozano Saldivia, del Equipo de Litigación Internacional en Derechos Humanos UdeC, y a Ricardo Frez Figueroa, coordinador ejecutivo de la ONG Defensa Ambiental. La académica del Departamento de Trabajo Social Cecilia Pérez Díaz moderó la conversación.
¿Qué debería resguardar una reforma al INDH?
“Los derechos humanos son normas jurídicas, son un referente ético y son un horizonte utópico”, señaló Ximena Gauché Marchetti, académica del Departamento de Derecho Público UdeC. A partir de esa distinción, ubicó al INDH entre las garantías nacionales de protección de los derechos humanos. Explicó que su labor complementa la de los tribunales mediante funciones como la elaboración de informes, la educación en derechos humanos y la presentación de acciones judiciales.
La académica planteó que existe espacio para revisar el funcionamiento del Instituto. Entre los problemas que identificó están la lógica de cuotas partidarias en los nombramientos del Consejo y la pérdida de incidencia pública que ha tenido el informe anual. En materia de nombramientos, propuso ampliar la participación universitaria a disciplinas como Educación, Trabajo Social y Psicología, dado que actualmente esa representación se canaliza a través de las facultades de Derecho.
Al examinar la propuesta discutida en el encuentro, Gauché cuestionó la reducción del Consejo y la permanencia de mecanismos de designación política. También advirtió sobre el posible debilitamiento de la participación de la sociedad civil en las instancias consultivas y planteó que cualquier modificación debe considerar sus efectos sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la capacidad del Instituto para llegar a distintas regiones. En ese análisis recurrió a los Principios de París, estándares internacionales que orientan el funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos en materias como independencia, pluralismo y amplitud de su mandato.
La capacidad de actuar en los territorios
Desde la sede regional del INDH Biobío, Carolina Chang describió tareas que dependen de contar con equipos en terreno. Entre ellas mencionó la observación de actuaciones policiales y las visitas a recintos penitenciarios, centros donde permanecen niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal y establecimientos psiquiátricos. En el diálogo con el público, explicó que reducir la dotación dificultaría mantener esas visitas y responder a solicitudes provenientes de comunas alejadas de la capital regional.
En la entrevista realizada en el marco de la actividad, identificó problemas en la regulación y fiscalización ambiental, así como brechas en salud y en la protección de los derechos de las personas mayores. Explicó que una de las vías de actuación del Instituto consiste en comunicar a los poderes del Estado las brechas detectadas. A su juicio, una reforma debiera establecer plazos para que el Estado atienda las recomendaciones del organismo.
“Tenemos una serie de recomendaciones que le hemos hecho al Estado en los últimos 15 años”, señaló. Sobre el seguimiento de esas observaciones, “muchas de ellas simplemente en ningún gobierno se hace cargo”, añadió.
¿Qué cambia cuando el Instituto deja de ser querellante?
Valentín Alonso Lozano Saldivia examinó la propuesta de reducir de 11 a cinco el número de integrantes del Consejo. Su análisis puso el foco en el mecanismo de selección. Según explicó, el cambio limitaría la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para elegir directamente a sus representantes. También planteó que acortar los mandatos y eliminar la renovación escalonada podría hacer coincidir la composición del Consejo con los ciclos de gobierno.
En cuanto a las atribuciones judiciales, el integrante del Equipo de Litigación Internacional en Derechos Humanos distinguió entre denunciar un hecho y actuar como querellante. La primera vía permite poner antecedentes en conocimiento de la autoridad, mientras que la segunda permite intervenir en el proceso penal, solicitar diligencias y dar seguimiento a la causa. Sobre el aporte del Instituto en ese papel, explicó que su intervención “permite aterrizar y traer al tribunal estándares” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales.
Lozano también advirtió sobre una consecuencia para la formación universitaria. Las pasantías en el INDH permiten que estudiantes conozcan cómo se tramita una causa por vulneraciones de derechos humanos y colaboren en su seguimiento bajo supervisión profesional. “Una reducción de los equipos jurídicos disminuiría tanto la posibilidad de ofrecer esas pasantías como la capacidad de acompañar a quienes las realizan”, planteó.
Dos casos de justicia ambiental en Biobío y Ñuble
Ricardo Frez Figueroa presentó dos experiencias de la ONG Defensa Ambiental para mostrar cómo el Instituto puede intervenir por vías distintas de la querella penal. El primer caso se remontó a un episodio de contaminación ocurrido en 2019 en Nacimiento, en las inmediaciones de la planta de celulosa Santa Fe. En el recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Concepción, el INDH compareció como amicus curiae, una figura que permite aportar antecedentes especializados al tribunal. “El informe relacionó el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación con otros derechos, como la salud, e incorporó estándares sobre empresas y derechos humanos”, afirmó.
El segundo caso se refirió al desalojo de familias en San Fabián, Región de Ñuble, en el contexto de un proyecto de embalse. Frez explicó que el Instituto recabó antecedentes en terreno y presentó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Su intervención permitió documentar las condiciones en que se ejecutó el desalojo y aportar antecedentes sobre los riesgos que enfrentaron las familias durante el proceso de relocalización.
A partir de esos casos, el representante de la ONG vinculó los recursos del organismo con la posibilidad de ejercer su mandato. “Necesitamos una institución activa, una institución poderosa, una institución con recursos que tenga la autonomía para poder ejercer las funciones que le mandata la ley”, sostuvo.
En el intercambio con el público se preguntó por las consecuencias de una eventual pérdida de la acreditación internacional del Instituto, por el efecto de los recortes sobre el trabajo de las sedes regionales y por los criterios que deberían orientar la selección de consejeras y consejeros. También se discutió cómo incorporar evidencia y participación social a la deliberación legislativa.
En el cierre, Cecilia Pérez Díaz situó el conversatorio como parte de la reactivación del GIIDHD-UdeC, que busca convocar a académicas y académicos de distintas disciplinas. La moderadora extendió la invitación a jóvenes y organizaciones sociales y planteó la necesidad de “abrir espacio para llevar estas conversaciones también a esos otros lugares a los que se debe la universidad”.
